Tras conocerse la negativa de los electores a las
cuatro preguntas planteadas por el presidente Noboa —permitir bases militares
extranjeras en territorio nacional, eliminar el financiamiento a los partidos
políticos, reducir el número de asambleístas y convocar una asamblea
constituyente para redactar una nueva Constitución—, comparto algunas
reflexiones:
Un mensaje claro para el presidente y su equipo
La negativa a todas las preguntas —incluidas aquellas
en las que, por la baja aceptación de instituciones como la Asamblea Nacional,
era razonable anticipar un triunfo del “sí”— evidencia que el rechazo no se
dirige estrictamente al contenido de las propuestas, sino que cuestiona
principalmente a quien las plantea. En la práctica, es una petición de cambios:
una invitación a revisar la composición del gabinete, las políticas impulsadas,
el estilo de gestión, el enfoque comunicacional y, sobre todo, a mostrar
resultados visibles y valorados por la ciudadanía. Resultados asociados con
seguridad y transparencia, pero sostenidos en mejoras concretas en empleo,
salud, educación, acceso a servicios, nuevas tecnologías y mucho más.
Un “no” ciudadano también para otros actores políticos
Este resultado tampoco representa un voto de respaldo
hacia otros actores políticos que podrían intentar atribuirse una victoria que
no les corresponde. De hecho, muchos de ellos cargan con un desgaste político
mayor que el del gobierno, como la RC, sus asambleístas y sus principales
figuras. El “no” también les alcanza.
Y hay otras razones detrás del voto mayoritario que no
coinciden con las explicaciones enredadas de los voceros de los partidos
tradicionales. Muchas provienen de espacios ciudadanos y de personas que
expresaron opiniones en sus redes personales con argumentos más sólidos y
cercanos a la realidad.
El efecto del paro indígena
El “no” observado en Imbabura para la constituyente
(68,5 %) —que podría extrapolarse a las demás preguntas— se amplifica en
Otavalo (79,46 %) y se vuelve casi universal en San Rafael de la Laguna (92,83
%), parroquia de donde era oriundo uno de los fallecidos durante la represión
militar. El efecto se extiende a otros territorios indígenas: Pilahuín en
Tungurahua (82,02 %); Toacazo en Cotopaxi (81,56 %); San Pablo de Tenta en Loja
(84,06 %), entre otros. Esto puede interpretarse como un voto de rechazo a la
violencia con la que el Estado actuó contra la población indígena durante el
levantamiento.
No supone desconfianza, pero sí deja un mandato de
cambios
Si bien la votación no constituye un rechazo total al
gobierno, tampoco significa que la ciudadanía deje de exigir resultados en la
lucha contra grupos delincuenciales, bandas y carteles. No supone oposición a
la cooperación internacional; al contrario, evidencia la demanda de acuerdos y
acciones que generen resultados más allá de discursos y de la captura de
delincuentes de “alto valor”. Lo que la población no quiere es un país
militarizado o atrapado en una guerra interna sin posibilidad de ganar.
En cuanto al número de asambleístas, sí hubo consenso
en la necesidad de contar con mejores representantes. La oportunidad está ahí:
mejorar los perfiles de los candidatos, modificar el mecanismo de elección para
desincentivar el voto en plancha, incorporar capacitación previa o de inducción
para los electos, reducir el número de asesores y exigir perfiles técnicos y
éticos más idóneos. Hay mucho por hacer.
¿Entonces, qué viene después del “no”?
Si no se plantean cambios de fondo y de forma, lo más
probable es que lo que venga sea simplemente más de lo mismo.
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